Deprimida la esperanza nacional al fragor de la caída dramática en el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le inyectó potencia al optimismo: "México, dijo, contrató coberturas que le permiten garantizar al cien por ciento el precio promedio previsto para el año".
El caso es que de acuerdo a los analistas del grupo financiero BBV-Bancomer, la protección sólo alcanzó al 57 por ciento de la producción de crudo del país.
El 43 restante, pues, se mantiene sujeto al vaivén, cuyo nivel oscila entre 34 y 44 dólares.
El cálculo realizado por el Congreso a la aprobación de la Ley de Ingresos para este año hablaba de 79 dólares por barril.
Según los analistas de la filial en México del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria, la merma de ingresos para el país sería de 89 mil millones de pesos… frente a los 124 mil que impuso el recorte presupuestal.
El país, pues, se cubrió holgadamente.
Más aún, se aduce que el gobierno tiene algunos colchones de protección que no ha utilizado.
Por ejemplo, se habla de 20 mil millones de pesos por el efecto de un ajuste a la expectativa de paridad peso-dólar realizado en el propio presupuesto de ingresos.
Se habla, además, de que el país está importando gasolina barata y la está vendiendo con un sobreprecio de 60 por ciento, lo cual le implicaría un ahorro de 92 mil millones, dado que ya no existe el subsidio.
En paralelo, el Fondo Petrolero, previsto para compensar la temporada de vacas flacas, tiene un monto de 50 mil 500 millones de pesos en caja.
El gobierno, pues, está más que protegido.
Sin embargo, un nuevo ajuste toca a la puerta.
Las diversas instancias del gobierno central han recibido un nuevo requerimiento para señalar áreas susceptibles de ajustes. De hecho, ya se avizoran recortes en programas torales como los de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas.
La línea habla de congelar plazas que queden vacantes. En el caso de Petróleos Mexicanos, aunque el recorte lo absorbió fundamentalmente la división de refinación, a riesgo de cancelar contratos en marcha para la reconfiguración de las refinerías de Ciudad Madero, Tula, Salamanca, Salina Cruz, se prepara un recorte de personal.
De hecho, el dócil Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que encabeza Carlos Romero Deschamps ya prepara una lista negra de trabajadores faltistas para colocarlos en la guillotina.
Los eventuales han sido condenados de antemano.
La razón se ubica en la caída de las exportaciones de petróleo, en un escenario en que nuestro mayor cliente, Estados Unidos, obligó a firmar un contrato que compromete a Pemex a comprarle cien mil barriles diarios de crudo ligero.
Durante enero pasado las ventas al exterior de la exparaestatal se desplomaron 47.3 por ciento, lo que representó la peor caída en los últimos cinco años.
En 2009 habían descendido 50.4 por ciento.
La tijera, pues, se mantiene activa.
De acuerdo al BBVA-Bancomer, México, en contrario a lo dicho por el dirigente de la OCDE, José Ángel Gurría, reaccionó tarde al alud, es decir contrató las coberturas para garantizar un precio de 76.4 dólares por barril cuando la avalancha se había iniciado.
El error de diciembre.
BALANCE GENERAL
La pesadilla del Citigroup de los Estados Unidos, alguna vez el orgullo global del país de las barras y las estrellas, se vuelve interminable. Su filial en la propia Unión Americana, Banamex USA, sin relación con el de México, está siendo investigado otra vez por violaciones a las leyes de lavado de dinero.
La pesquisa la encabeza el propio Departamento del Tesoro.
La indagación es ajena a la que abrió hace un año el gran jurado federal.
Los investigadores le han pedido a la intermediaria información sobre su cumplimiento de las leyes sobre el secreto bancario y sobre depósitos de recursos de procedencia ilícita.
El jaque, pues, viene con todo.
SÍ A LOS CHINOS
En previsión de que el reclamo llegue a los tribunales internacionales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho público su interés de cubrir los reclamos de la empresa china Railway Construction, tras anularse la licitación que había ganado como líder de un consorcio.
Estamos hablando del contrato para la construcción y operación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
La dependencia nunca externó una razón de fondo para justificar el hecho, aun cuando era evidente la presencia incómoda en el consorcio de la empresa Higa, quien construyó y financió la llamada Casa Blanca.
Los chinos habían dejado de lado sus reclamos al notificárseles que el concurso se repondría… con la novedad que se aplazó indefinidamente por problemas presupuestales.
El reclamo chino habla de la contratación de 200 ingenieros que vinieron al país para armar el proyecto, además de asesores, papelería, copias de planos y otros etcéteras.
VOLARIS SE DEFIENDE
Aunque no profundiza sobre los puntos torales del reclamo, es decir el haber colocado en el prospecto de venta de acciones en el mercado de los Estados Unidos datos falsos o alterados, Volaris señala que hará una "defensa robusta" del caso.
Como usted sabe, la firma fue demandada en una corte de Nueva York por un fondo de pensiones que resultó damnificado al comprar paquetes de valores bajo el marco de ADR's, cuyo precio ha caído en más de 35 por ciento.
TRAMPA PARA RATAS
En los próximos días el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debatirá, vía un Tribunal Colegiado, el último round de un litigio que involucra al empresario Luis Arturo Trigos Hernández, ubicándose la manzana de la discordia en la marca Cazafácil, en respaldo de una popular trampa ratonera.
El acusado lleva año y medio en la cárcel al ubicársele responsabilidades por despojo de la marca que mantenía Ecología Aplicada, especialista en la importación y comercialización de artículos no tóxicos.
La marca cuyo precio se calcula en 130 millones de pesos, se le vendió a una empresa con operaciones en Panamá de razón social Ludi Investments en ¡1.5 millones!
La empresa es propiedad de Trigos Hernández, con la novedad de que él también encabezaba la compañía que ahora lo acusa.
La ira, pues, viene de los socios.
La querella ha cruzado en siete instancias, cuatro de un juez y tres apelaciones ante tribunales de alzada.
La sentencia original condena al empresario a siete años de prisión y el pago de 36 millones de pesos.
