La Delegación del Gobierno en la Región se ha opuesto al recorrido escogido para el desarrollo de la Marcha de Mareas del próximo sábado en Murcia alegando que "supone un peligro para la seguridad ciudadana" y ha propuesto un trayecto alternativo que los convocantes consideran "inaceptable", por lo que los organizadores han recurrido esta decisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

La Marcha había sido convocada por más de un centenar de organizaciones sociales, profesionales y sindicales bajo el lema 'Contra los gobiernos que destruyen los derechos. Por un sistema democrático al servicio de la ciudadanía ¡Gobierno dimisión!', con el fin de denunciar los "recortes ilegítimos de derechos de la ciudadanía en diferentes áreas que persiguen dejarnos sin Estado del Bienestar".

Los organizadores habían convocado diversas concentraciones a las 18.00 horas en distintos puntos de toda la ciudad, desde los que tomarían la salida las ocho diferentes 'Mareas' que componen la Marcha. Todas ellas tenían previsto confluir en la plaza de la Fuensanta de Murcia, frente a El Corte Inglés de la avenida Libertad y, desde allí, partir todas juntas por la Gran Vía hasta la plaza Martínez Tornel, en la cuesta del Puente de los Peligros.

En concreto, la Marea Blanca en defensa de la Sanidad pública tenía previsto salir del Hospital Morales Meseguer; la Marea Verde que lucha por la Educación tenía previsto concentrarse en la Consejería de Educación, Universidades y Empleo; y la Marea contra los desahucios y por el derecho a la vivienda tenía previsto reunirse en la Consejería de Obras Públicas.

Además, la Marea Negra contra los recortes en el empleo público había sido convocada en la Glorieta de España; la Marea por el empleo digno y la renta básica saldría desde el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de Ronda Norte); y la Marea por las pensiones dignas o Yayoflautas se unirían a la Marcha desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la avenida Alfonso X.

Igualmente, la Marea Naranja contra los recortes en servicios sociales y la Dependencia iba a congregarse en la Plaza Circular; y la Plataforma Prosoterramiento, a favor del transporte público y Costera Sur se reuniría en el paso a nivel de Torre de Romo-Santiago el Mayor.

La Delegación del Gobierno ha autorizado estos puntos de salida y la manifestación final desde la plaza de la Fuensanta y desde el barrio del Carmen hasta la plaza Martínez Tornel. Sin embargo, el problema es que la Delegación "no autoriza el corte de calles para que las distintas Mareas lleguen hasta la plaza de la Fuensanta" alegando como "excusa" que "no se puede garantizar la seguridad ciudadana".

Así lo han hecho saber en rueda de prensa los organizadores del evento, quienes pidieron permiso a la Delegación del Gobierno con 16 días de antelación, seis días más del plazo que es preceptivo, ya que la Ley establece que es obligatorio comunicar las manifestaciones con diez días de adelanto.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha contestado "cinco días antes de la manifestación" denegando la solicitud original y ofreciendo alternativas que, a juicio de los convocantes, "son inaceptables y desvirtúan la Marcha". Además, lamentan que ahora "ya es tarde" y "no hay tiempo para modificar el recorrido".

Creen que hay "motivos políticos"

En concreto, la Delegación del Gobierno "autoriza los puntos de concentración y salida de la manifestación, así como los puntos de llegada, pero rechaza los recorridos para llegar de unos lugares a otros", según ha señalado el portavoz de los convocantes, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Molina de Segura y del Frente de Acción Estudiantil (FAI), Fernando Miñana.

Los convocantes creen que esta resolución de la Delegación del Gobierno "no se ajusta a derecho", y critican que "se están coartando derechos como el derecho a manifestación o a la libertad de expresión". Por contra, creen que el verdadero motivo por el que el Gobierno se opone al trayecto es porque "tiene miedo", ya que la manifestación "va a ser masiva".

Como gesto de "buena voluntad", representantes de la organización de la Marcha de Mareas se han dirigido a la Delegación del Gobierno para intentar mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, pero este encuentro ha sido denegado. Media hora después, han recibido una llamada y han sido recibidos por el secretario general de la Delegación.

Ante la falta de acuerdo, la Delegación les ha ofrecido presentar otra solicitud de manifestación o que recurran al TSJ. Puesto que "ya no hay tiempo de solicitar otra manifestación", los organizadores han decidido acudir a la Justicia para reclamar que se les permita "ejercer este derecho".

La Delegación esgrime que, de producirse la convocatoria de ocho manifestaciones, "no se garantiza el paso de vehículos de emergencias y los accesos a centros sanitarios", pero los convocantes consideran que detrás se esconden "motivos políticos propios de una dictadura, encaminados a coartar el derecho a la libertad de expresión o a la manifestación".

Además, reprochan que el argumento esgrimido por la Delegación, consistente en que no se pueden cortar las calles, "serviría también como motivo para prohibir otras manifestaciones culturales o religiosas, como las procesiones de Semana Santa, el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina".

Por ejemplo, critican que una celebración de una victoria deportiva se produce "en el mismo momento y se establece el dispositivo de seguridad paralelamente", por lo que se preguntan "por qué se tiene que prohibir una manifestación".

Los organizadores no se han plegado a las intenciones de la Delegación y han mantenido la convocatoria en los mismos términos, tanto en los recorridos como en la fecha y los horarios.

En este sentido, han anunciado que van a presentar el recurso al TSJ este mismo martes por la mañana y la respuesta "tiene que llegar antes de la fecha de la Manifestación.

No obstante, han recordado que "hay precedentes" de otras manifestaciones en las que la Delegación del Gobierno "ha intentado hacer la misma maniobra", pero que el TSJ autorizó finalmente, como la manifestación contra la guerra de Irak o la manifestación contra los recortes de hace unos años.

Miñana lamenta que la Delegación "no tiene ninguna voluntad de acuerdo" y los organizadores de la Marcha mantienen la convocatoria a pesar de todo. Además, confían en que la Justicia les dé la razón.

"No hay motivos de seguridad ciudadana, sino motivos de carácter político, en tanto que otro tipo de manifestaciones culturales o festivas sí se están permitiendo", según Miñana, quien ha hecho un llamamiento "masivo" a la población para que salga ese día a manifestarse y a defender sus derechos.

El portavoz de la Marcha ha explicado que el motivo de la manifestación es también denunciar públicamente que el dinero que podría ser destinado a estos servicios sociales "está sirviendo para rescatar a la banca o directamente se pierde con la corrupción".

A su juicio, "están empleando la crisis para imponer un modelo neoliberal y establecer un gobierno en contra de los ciudadanos", por lo que exigen que el Ejecutivo "esté sometido a la voluntad de los ciudadanos".