Sigue la campaña contra la condena de la activista Carmen Bajo

Desde la Coalición Defender a Quien Defiende estamos apoyando esta campaña a través de APDHA Cádiz, que ya se han organizado en un grupo de acción para reivindicar el derecho a la huelga y evitar las «condenas ejemplarizantes». 

Carmen Bajo, activista del movimiento 15-M, fue identificada por la Policía Nacional junto a dos compañeros más durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ese día formaba parte de un piquete informativo y hoy está condenada, junto a Carlos Cano, otro de los participantes, a 3 años y un día de cárcel más una multa de 3.665 euros cada uno, según la sentencia impuesta por el juzgado de lo penal nº1 de Granada y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.

A Carmen se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Los propietarios del bar adónde se dirigió el piquete les denunciaron por una pintada y por gritos de «chapa y se acaba». Sin embargo, al conocer la condena, también ellos, los denunciantes, consideraron que se trata de una condena desproporcionada y fuera de lugar: «todo es fruto de una desafortunada aplicación de la ley.»

Mismo delito, diferente condena

Durante el juicio, el fiscal pidió una «sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido».  Vale la pena recordar, cómo lo hacían des de eldiario.es, la condena impuesta al dueño de una panificadora que en 2009 abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de amasar y que intentó esconder las pruebas del delito: un brazo que no pudo ser reimplantado. En ése caso la sentencia fue de un año y un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-. En total, menos de dos años, por lo que no entrarán en prisión. Sirva éste caso como ejemplo de que la ley no se aplica de la misma forma en dos casos dónde se juzga el mismo delito.

La Huelga: un derecho fundamental

En el caso de Carmen no sólo existe desproporción, sino también falta de garantías constitucionales, puesto que, durante el juicio, en ningún momento se tuvo en cuenta su derecho fundamental a la huelga. Es por eso que el abogado de Carmen, José Díaz Formoso, decidió presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que fue rechazado el pasado 16 de diciembre. El 2 de enero, el abogado volvió al Constitucional, ésta vez para pedir un recurso de súplica, ya que considera que desde el Tribunal «se decidió que no ha existido vulneración de derechos fundamentales sin motivación alguna» y «sin la menor referencia» evidenciando «la arbitrariedad manifiesta en que incurren los magistrados.»

A la espera del indulto

Hoy seguimos a la espera de saber como se resuelve última vía posible con la cuenta Carmen para evitar su entrada en prisión, un indulto del Consejo de Ministros. Aunque el gobierno aún no se ha pronunciado, la campaña para la suspensión de las condenas de Carmen y Carlos ya ha recogido casi 20.000 firmas – 15.000 en tan sólo una semana -, con el apoyo, entre otros, de la mesa del Parlamento y del defensor del pueblo andaluces, así como de organizaciones de la sociedad civil.

Si la respuesta es negativa, Carmen ya ha anunciado que piensa en acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Lo que estamos viviendo es la punta del iceberg de un problema mayor que afecta a todo el pueblo español: la falta de derechos básicos».