Ante la violencia política, mayor convicción democrática, por JOSÉ SOSA

Para desencanto de todos aquellos que creemos en la obtención pacífica del poder, los recientes acontecimientos de violencia en las campañas presidenciales constituyen malas noticias. No se trata de denunciar uno o varios hechos aislados, que luego se perderán en el océano de datos informativos que conforman los procesos políticos. Ojalá así fuera y que, de verdad, pudiéramos olvidarnos de las agresiones y los enfrentamientos.

 

Lamentablemente no nos encontramos en esa situación. Hoy por hoy, en México una parte muy importante de las fuerzas políticas ha decidido utilizar la violencia como medio habitual de actuación para restar fuerza a sus opositores y para tratar de captar el voto ciudadano. Y se trata de una fuerza muy importante, no sólo por contar con un peso institucional y con una presencia territorial innegables. Su mayor relevancia reside en que, en principio, es la opción ideológica más cercana a las causas sociales más sentidas y en la que las prioridades se refieren siempre a cuestiones de bienestar y de derechos colectivos.

 

De esta manera, los mexicanos estamos siendo testigos de la transformación absurda y paradójica de la izquierda política hacia una configuración en la que la violencia ocupa un lugar central pero, al mismo tiempo, irrelevante. Esto quiere decir que la adopción y fomento de expresiones violentas por parte de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador y de los partidos y movimientos que lo apoyan no pasa por asumir a plenitud una postura aguerrida y de confrontación con un orden político o social al que se desea combatir.

 

No, no es así. El uso de la violencia por parte de estos actores es, en el mejor de los casos, un acto hipócrita y oportunista que pretende saber si por tales medios podrán mejorar sus resultados electorales. En el peor, es una irresponsabilidad monumental que carece de cualquier grado de conciencia y compromiso con la democracia y sus instituciones.

 

De ahí que resulte pertinente que el resto de las fuerzas políticas, incluida la derecha menguante, asuman una postura clara frente a esta mutación de la izquierda para evitar, por todos los medios posibles, que la violencia afecte el actual proceso electoral y se instale en nuestra cotidianidad democrática. Varias son las acciones y las líneas argumentales que hay que desarrollar en las escasas semanas que le quedan a las campañas.

 

En primer lugar, la mayoría de las fuerzas políticas tendría que manifestarse de forma pública y contundente para rechazar la violencia en la competencia electoral, indicando quiénes y cuándo la están ejerciendo. Estas expresiones tendrían que llevar a que los militantes y seguidores de las causas pacíficas señalen en calles y plazas a quienes ahora han decidido ser violentos. El mejor control social de todo mal puede y debe pasar por su visibilización.

 

En segundo lugar, toca a los medios de comunicación documentar la violencia y mostrarla tal cual es, respetando por supuesto los derechos fundamentales de cualquier ciudadano y organización. Al hacerlo, estos medios reiterarán su compromiso con la democracia y acallarán las voces que ahora les acusan de parcialidad y de sesgo informativo. Los líderes de opinión tienen así la oportunidad de evitar que los violentos se adueñen del debate, tal y como parece ser su intención cuando descalifican a quienes no coinciden con sus posiciones radicales y fantasiosas.

 

En tercer lugar, al ser los ciudadanos los primeros afectados por la irrupción de la violencia en nuestra vida política, tendríamos que ser activos promotores de la conciliación y la paz. Esto no quiere decir que nadie tenga que renunciar a sus convicciones y preferencias ideológicas. Por el contrario, de lo que se trata es de que todas las expresiones puedan alcanzar la plaza pública y puedan ser discutidas en un ambiente de tolerancia y respeto. Pero si la irrupción de estrategias violentas afecta tal ambiente, todo ciudadano tendría que actuar en consecuencia y rechazar siquiera la insinuación de quienes justifican y usan medios no pacíficos de actuación política.

 

Esto último tendría que ser doblemente relevante en el ámbito de las nuevas redes sociales que se expresan por medios virtuales. Los nuevos ciudadanos, los que votarán por vez primera el próximo 1o. de julio, tienen en sus manos la responsabilidad de no legitimar la violencia y, en cambio, de articular las demandas sociales emergentes de forma abierta, aprovechando la enorme capacidad de penetración que tienen las referidas redes virtuales. Ser joven es, efectivamente, sinónimo de rebeldía. Pero rebeldía no es, ni ha sido, sinónimo de violencia. Menos aún cuando se encamina a nutrir los intereses de proyectos anacrónicos, como el representado por Andrés Manuel López Obrador.

 

Finalmente, y no menos importante, corresponde a la propia izquierda atajar los riesgos que están surgiendo del uso creciente de la violencia en su nombre. Si es verdad, como han expresado algunos líderes del PRD, que a sus fuerzas y organizaciones no les interesa obtener el poder por medios violentos; luego entonces tendrían que ser los primeros en denunciar las acciones negativas y en desacreditar a quienes se dicen progresistas, pero violentan nuestro Estado de Derecho.

 

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