Después de la II Guerra Mundial el Estado se vuelca por garantizar la política social (el bienestar de la población), legitimando al Estado, y por otro lado, garantizar políticas para el incremento del beneficio de los empresarios (la tasa de beneficios).
El Estado desarrolló leyes de legitimación y acumulación de capitales, caracterizado por grupos de intereses particulares institucionalizados, partidos que configuran la voluntad política de los ciudadanos, negociación colectiva, es decir, resolución de conflictos liberales, y competencias. Esto se vino a denominar Estado de Bienestar.
Estas características dieron como consecuencia una cultura cívica, la cual desemboca en la posibilidad de movilidad social, una vida privada, consumo, autoridad, orden y una minusvalía de participación política, a través de dos partidos.
La educación, en la política educativa en el Estado del Bienestar, forma parte también de la política de legitimación. En los inicios del Estado del Bienestar comienza una propaganda para la cualificación de las personas con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos. Se impone la Teoría del Kapital Humano: que toma como importante los recursos intelectuales para el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico. Además de la educación como inversión a largo plazo y de medir al individuo a través de sus méritos (meritocracia). Las bases que legitiman el sistema educativo , basado en la Teoría del Kapital Humano, es la ampliación de personal docente, investigador y administrativo ( se invierte el dinero en ello), revalorización de la profesión de docente y más centros educativos, programas de investigación, y sobre todo, más presupuesto.
Los sectores populares presionaron para que existiera un sistema educativo público que albergara aquellos niños y niñas que no podían permitirse uno privado. Al mismo tiempo, se toma una concepción de la educación como solución a los grandes conflictos sociales, sobre todo a corregir las desigualdades sociales.
Se toma la idea de educación, en la cual, a través de ella, todos pueden acceder a bienes culturales. Esta idea no fue de agrado para las clases sociales más altas, y las clases populares la tomaron de otra forma: "aunque sea para aprender lo mínimo".
Se crea un acuerdo social donde los gobiernos empiezan la tarea de democratización del sistema educativo, en donde este deja de ser elitista. Este se reforma a través de varias presiones:
- La presión por parte de las clases subalternas, para que sus hijos entran en el sistema educativo y lleguen a la universidad con el fin de tener un acceso a la riqueza que el Estado del Bienestar estaba generando.
- La "supuesta" creciente demanda de cualificación: la sociedad se moderniza por lo que es necesario más cualificación.
- Y porque el sistema educativo es la base por la cual se organiza la sociedad.
La democratización del sistema educativo se caracteriza por el intento de eliminación de redes clasistas, la extensión de la enseñanza obligatoria, la utilización de uniformes para toda la sociedad (enseñanza primaria y secundaria), que sea gratuita y unificada (enseñanza mixta), la creación de becas, comedores, internados y otras ayudas al estudios, una planificación del sistema educativo y la ampliación de docentes, investigadores, administradores…
Para ello, es necesario más presupuesto estatal y los grupos sociales elitistas comienzan a implantar otras medidas para seguir practicando el cierre social. Y por ello, el Estado pone una serie de medidas para mantener el desnivel; medidas adoptadas por la sociedad civil, como: el éxodo a la escuela privada (buscar una enseñanza supuestamente de mejor calidad, distintiva más que distinta. Y la jerarquización de centros presuntamente iguales, mediantes la distribución de recursos; medidas adoptadas por el Estado: estratificación institucional (medidas que adjudican a un tipo de enseñanza un valor superior al de otro), diferenciación interna de los centros (asignaturas optativas de distinto valor académico) e introducir medidas explícitas de selectividad preuniversitarias.
Pero en 1973, comienza una crisis económica, derivada de la del petróleo, que hace caer la tasa de beneficios del Estado. Debido a que ya no invierte en lo que invertía creando una crisis de legitimidad. Cuando el Estado comienza a perder la lealtad de las masas, y estas, comienzan a cuestionarse su poder, deteriorándose las condiciones de acumulación de capital y las políticas sociales, se produce una crisis política (deslegitimándose el Estado por parte de la izquierda y la derecha). La izquierda plantea la remontación de Keyner (personas instruidas que provocan un cambio de valores en las sociedades occidentales) y los neoliberales proponen volver al mercado libre capitalista, haciendo una vuelta al individualismo. Por lo que el mercado comienza a reestructurar la sociedad y se impone el reajuste económico.
Los neoliberales piden al Estado que dejen de invertir en los servicios sociales, que desarrollen una contención salarial, que flexibilice el mercado de trabajo y se creen políticas económicas para favorecer a las empresas privadas.
En cuanto a lo educativo, plantean que los padres tienen que elegir la educación de sus hijos, creando una competencia entre los centros para la demanda social educativa. Esto hizo que cuando comenzó a aplicarse las políticas neoliberales los centros comenzaron a ser más selectivos, a devaluarse algunos títulos, los sistemas educativos empezaron a adaptarse al sistema político (en función de la producción), a reformar los planes de estudios para hacerlos más vendibles al sistema productivo, a restringirse políticas de becas y otras ayudas y a crear medidas para renunciar a crear más centros públicos para dárselo a la iniciativa privada. Haciéndose las bases del nuevo acuerdo conservador que se está imponiendo en la población.
Esto ha hecho que agentes sociales, como docentes, orientadores, padres y madres (AMPA)…, tomen medidas contra estas políticas educativas neoliberales, ya que la situación educativa, especialmente en Canarias, es grave: existe una disminución del número de docentes en las plantillas, hay carencias en la construcción y rehabilitación de centros de Infantil, Primaria y Secundaria, ofertas de comedores escolares que no cumbre las demandas de las familias, reducción de profesionales especializados, desaparición de apoyos y programas para la atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales, desmantelamiento y privatización de la Formación Profesional y drásticos recortes.
Apuestan por una educación pública para un servicio esencial en las sociedades democráticas porque favorece la igualdad de oportunidades, aumenta la cohesión social y consolida el Estado del Bienestar. Argumentan que la aportación que ha hecho y hace, la escuela pública es impagable e insustituible. Los déficits formativos históricos que hemos padecido, los indicadores actuales de abandono y fracaso en las titulaciones obligatorias básicas y la formación profesional, imprescindibles para la recolocación de las personas paradas o para el mantenimiento del empleo, nos exige un esfuerzo preferente en las políticas de formación. Además que si queremos avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental, es necesario prestar especial atención al conocimiento, la formación y la educación como factores determinantes del progreso y del bienestar social.
Estos agentes sociales piden un cambio, en las políticas públicas educativas, urgente y visible de las decisiones en materia educativa, encaminadas a incrementar la calidad, la equidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema educativo. Reducir el número de alumnado por grupo y el porcentaje de alumnado por docente de modo que sea posible desarrollar una educación personalizada. Garantizar una plantilla de profesorado adecuada que permita el correcto desarrollo de los programas de apoyo y refuerzo educativo, el trabajo colaborativo del profesorado, así como la promoción de la participación del alumnado y de las familias en la vida del centro. Ampliar la oferta de servicios complementarios (transporte, acogida temprana, bibliotecas…) y actividades complementarias y extraescolares en régimen de gratuidad en los centros públicos. E impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional que permita la formación y la cualificación de la ciudadanía.
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