Mantienen la exclusión del hogar familiar del propietario de la vivienda

El recurrente sostuvo que con lo dispuesto el a quo lo convirtió en víctima del procedimiento y que deberá soportar el costo integral de la solución aun cuando hay alternativas más equitativas. Sin embargo, la Cámara recordó que cuando hay evidencia de agresiones cruzadas en las parejas, son los expertos en la materia quienes deben evaluar la situación. [privado] La Cámara de Familia de 2ª Nominación rechazó la apelación interpuesta por D. R. en contra del proveído que ordenó su inmediata exclusión del hogar familiar. El recurrente sostuvo que con la medida el a quo lo convirtió en víctima del procedimiento, a pesar de que él fue el denunciante, y que deberá soportar el costo integral de la solución aun cuando hay alternativas más equitativas. Además, adujo que omitió valorar pruebas dirimentes que, de haber sido tenidas en cuenta, hubieran permitido adoptar una medida de protección distinta. El apelante afirmó que no tuvo en cuenta la versión de los hechos que expuso ni lo que dijo en la audiencia del artículo 22 de la ley 9283, en orden a que la denunciada es una persona violenta física y verbalmente y que si bien él reaccionó en una oportunidad, en el año 2010, luego se dio cuenta de que el conflicto no podía solucionarse de esa manera y optó por una actitud de inacción que fue aprovechada por su exmujer. Alto riesgo D. R. añadió que el juez efectuó una interpretación parcial del informe elaborado por el Equipo Técnico de la Unidad de Constatación de Violencia Familiar, que calificó la situación conyugal como de alto riesgo, y criticó el manejo que los expertos le dieron a la información colectada en la entrevista al grupo familiar; ello así, porque -según el quejoso- pusieron énfasis en el episodio del año 2010, otorgándole mayor importancia al relato de la denunciada. En tanto, adujo que su pretensión de continuar residiendo en la vivienda que compró con dinero heredado de sus padres era razonable, ya que la ley no contempla que deba cedérselo a quien por años lo insultó y amedrentó; señaló que solicitó la exclusión de L. M. sin desentenderse de la situación de la familia y de su rol de padre, pues ofreció hacerse cargo provisoriamente del cuidado de su hijo hasta tanto el fuero ordinario dispusiera a su respecto y, por lo expuesto, pidió que se ordenara la exclusión de la denunciada. A su turno, la alzada estimó que el fallo del juez de grado era fundado ya que, tratándose de una medida urgente como la ordenada, no es necesario exigir una prueba acabada de las circunstancias de hecho o de derecho requeridas para adoptar una decisión definitiva, sino que sólo se requiere la existencia de una mera probabilidad que aconseje la adopción de aquélla para enervar la situación de violencia denunciada. Probabilidad En ese sentido, recordó que se ha sostenido que es preciso tener en cuenta los diversos tipos de resoluciones a dictarse, así como las distintas relaciones sobre las que recae, pues según sea su especie requerirán distintos modos de cumplir la correcta aplicación del principio de razón suficiente, siendo justamente un ejemplo de ello las cautelares, en las que basta un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. “En la especie, las quejas vertidas aparecen como una mera disconformidad con lo decidido, desde que no varía lo resuelto el hecho de que sea el apelante quien efectuó la denuncia”, aclaró el tribunal, explicando que ello era así pues, a la postre, su exclusión de la vivienda familiar resultó la medida adecuada a los fines de hacer cesar la violencia constatada por los profesionales intervinientes, quienes informaron sobre el “vínculo asimétrico” entre las partes y la subordinación económica de la denunciada, entre otros temas. Así, señaló que el cuestionamiento que efectuó el recurrente con relación al manejo de la información colectada y las conclusiones a las que arribó la Dirección de Violencia Familiar también carecían de peso para modificar lo resuelto. “Frente a la evidencia de violencia cruzada, son los expertos en la materia quienes se encuentran en mejor situación de evaluar -en base a indicadores explícitamente considerados- la forma de vinculación de la pareja”, subrayó. La Cámara estimó que tampoco podía soslayarse que la medida cuestionada garantiza el derecho de la mujer víctima de la violencia de género desplegada en el ámbito doméstico de continuar habitando la vivienda familiar, independientemente de quién sea el titular del inmueble. Poder abusivo “En efecto, en el relato de los hechos expuestos por ambas partes y evaluados por los profesionales intervinientes se describen situaciones que evidencian una especial estructuración subjetiva en la pareja, caracterizada por un ejercicio de poder de tipo abusivo por parte del cónyuge, que son objeto de especial regulación en la Ley de Protección Integral de la Mujer”, reseñó. Por otra parte, opinó que el ofrecimiento del apelante, al peticionar su reintegro a la vivienda, de hacerse cargo provisoriamente del cuidado de su hijo perdió actualidad, ya que las partes acordaron ante la Asesoría de Familia que la guarda sea ejercida por la progenitora, fijándose un régimen comunicacional a favor de D. R. “De tal guisa, se sigue que de excluirse a la apelada también se privaría de vivienda al menor”, enfatizaron finalmente los vocales. [/privado]

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