El 11 de septiembre entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna. Se espera que el tratado fomente el uso seguro de transgénicos, tema que despierta una encendida polémica global, liderada por Estados Unidos y Europa.
Adoptado en 2000 por los miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, el tratado busca un comercio internacional de transgénicos más transparente, a través de medidas de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, industriales y, en particular, con el medio ambiente.
El objetivo es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
El proceso de conciliar intereses legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil. Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, ambientales, sociales y de salud al intentar poner un coto a la biotecnología moderna.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió en marzo de 2000 la Declaración sobre Biotecnología, donde sostiene que esta ciencia ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.
La Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal (REDBIO), de FAO, compuesta por 570 laboratorios en 32 países, aboga por mantener y reforzar la investigación biotecnológica, incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar las normas de bioseguridad necesarias para evitar daños a la salud y el medio ambiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario